
Casi en el último instante, el Ferrari, dos Porsches y un Lambo que ya tenían marcadas sus fechas de ejecución en Filipinas, han podido escapar a la muerte junto a un buen puñado de automóviles de lujo. Todos ellos habían entrado de contrabando en el país, y la presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, levantó la polémica al "condenarlos" a ser aplastados públicamente para dar una lección de las que cuesta olvidar. Solo que sus dueños decidieron llevar el asunto a los tribunales, salvándolos in extremis de correr la misma suerte que el resto de los vehículos incautados.
Al final, Arroyo no pudo asistir al evento al averiarse su helicóptero, pero eso no impidió que un total de 18 automóviles fueran aplastados por un trío de palas excavadoras (y no por una apisonadora como se pensaba). La polémica es ahora doble, porque una buena parte del pueblo filipino vive por debajo de la línea de pobreza, y la subasta de los vehículos confiscados podría haber supuesto una necesitada lluvia de billetes para las arcas públicas. En lugar de ello, solo recibirán 150.000 pesos filipinos (2.380 euros/3.200 dólares) por varias toneladas de metal irreconocible. Según ha declarado el secretario de finanzas Margarito Teves, el gobierno ha preferido obviar los ingresos en favor del mensaje, algo que casi podría decirse que les ha pasado factura.





