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Fiscalía investiga posibles culpables por tragedia del puenteMinistra Karla González en la picota y PAC pide renunciaFuente: elpais.cr | 23/10/2009
San José (elpais.cr) - La responsabilidad de la tragedia causada por el colapso del puente sobre el río Grande de Tárcoles, que comunica las ciudades de Orotina y Turrubares, es investigada por el Ministerio Público (Fiscalía), para sentar responsabilidades.
El accidente, que dejó cinco muertos y una treintena de heridos, ocurrió este jueves a las 6:23 de la mañana al caer el puente cuando pasaba un autobús que trasladaba pasajeros entre Orotina de Alajuela y Turrubares, de San José.
Autoridades municipales de los dos cantones, así como medios de comunicación, principalmente la televisión, habían advertido del colapso del puente desde el año 2006, por lo que las autoridades habían puesto un letrero que prohibía el paso de vehículos que pesaran más de diez toneladas.
La portavoz de la Fiscalía, Carolina Rodríguez, informó que la Fiscalía investigará sobre posibles responsabilidades públicas en el colapso del puente de hamaca, construido entre 1920 y 1924, según detalla una vieja placa colocada en el mismo.
De acuerdo con abogados, consultados por este medio, a los altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), se les podría aplicar el artículo 254 del Código Penal.
“Será reprimido con prisión de uno a tres años, el que por culpa causare un descarrilamiento, naufragio, desastre aéreo o terrestre, u otro accidente previsto en esta sección. Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a seis años”, reza el artículo en mención.
Los juristas, quienes pidieron el anonimato, destacaron que el Artículo incluye la negligencia, por parte de la ministra Karla González, ya que no le dio prioridad a la atención del deteriorado puente colgante, a pesar de que ella había sido advertida oportunamente.
Sobre su responsabilidad, González insistió ante los periodistas que ya se habían tomado las medidas necesarias para sacar a licitación la construcción de un nuevo puente en el sitio, así como los trámites de expropiación de terrenos para la construcción de la nueva obra.
Sin embargo, para legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), consideró que la “mala gestión y politiquería impiden que se reparen y solucionen problemas de los puentes”, ya que en Costa Rica existen unos mil 200 con problemas estructurales.
Por la tragedia, el diputado Marvin Rojas y la fracción del PAC exigieron vehementemente la renuncia de la ministra González.
"Lamentamos profundamente el sufrimiento de las familias que perdieron a alguno de sus miembros en la tragedia de hoy, por causa del puente del río Tárcoles que se encontraba en mal estado”, indicó Rojas.
Aseveró que “esto solo muestra que la ministra González no ha sido capaz de presupuestar los recursos suficientes para reparar los puentes que se encuentran en pésimo estado, que a nuestro criterio se encuentran en estado de emergencia".
Otros ejemplos que citó el diputado Rojas fue el de los puentes en mal estado en el río Caño Grande en Venecia de San Carlos, el río Aguas Zarcas en Cerro Cortés de Aguas Zarcas. Son rutas de primera importancia para el sector productivo nacional e ilustra potenciales tragedias de no corregirse inmediatamente.
Destacó que el Gobierno tiene recursos que se desvían a otros asuntos y no se le da prioridad a la infraestructura productiva como es el caso de los más de cincuenta y nueve mil millones de colones (59.000.000.000) que se están incluyendo en el presupuesto del próximo año para la construcción de un ferrocarril de lujo en la ciudad de San José.
El legislador también señaló como otros ejemplos gastos que el Gobierno ha realizado como 1.700 millones en propaganda y 137 millones de dólares para despedir a los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
El diputado Rojas también aseguró que esta situación se da a raíz de la politiquería con la que asumen este tipo de necesidades de las comunidades.
"Manipulan a la población a cambio de votos porque se hacen ofertas que nunca se cumplen y las comunidades siguen reclamando las obras que nunca construyen", recalcó.
Recordó que en un estudio presentado al MOPT en febrero del 2007, por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, se le notificó al Gobierno de Costa Rica que la gran mayoría de los 1330 puentes de rutas nacionales tienen problemas de diversas índoles.
Tras conocer la noticia, el MOPT informó que la ministra de esta cartera, Karla González, pedirá una explicación al jefe del Consejo Nacional de Vialidad, Alejandro Molina, responsable del sector a quien le habría trasladado quejas de los vecinos y alcaldes de Turrubares y Orotina por el severo deterioro del puente.
Posteriormente, en diversos programas de noticias de las televisoras nacionales, la ministra insistió en la necesidad de elaborar un plan de emergencia para atender el colapso de varios puentes, y lamentó no tener las herramientas legales para declarar “estado de emergencia” para la infraestructura vial.
Emergencia
El 9 de setiembre anterior, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), propuso la declaratoria de emergencia, tras haber elaborado un informe sobre más de mil puentes de nuestro país, a raíz del fracasado cambio de una platina en un puente sobre el río Virilla, tributario del río Grande de Tárcoles.
“Que la situación de la falta de mantenimiento de los principales puentes de nuestras vías, es insostenible, generándose la urgente necesidad de intervenir de manera inmediata en una importante cantidad de ellos”, advirtió el CFIA en su numeral número 4.
Además, el documento hace “un llamado al Gobierno de la República y Autoridades Superiores, para que el mantenimiento de los puentes de nuestras principales rutas nacionales, se decrete como una situación de EMERGENCIA NACIONAL”.
Pidió también asignar los fondos necesarios y suficientes para el mantenimiento y rehabilitación de las estructuras de puentes de nuestras principales rutas nacionales, a través del CONAVI, del MOPT, de la Comisión Nacional de Emergencias y, cuando corresponda, de los sistemas de concesión de obra pública.
El CFIA solicitó a los candidatos a la Presidencia de la República que incluyan el tema del estado de los puentes dentro de sus programas de Gobierno, pues la situación reviste tal “importancia que, de no darse la intervención inmediata, en algunos puentes se podrían empezar a presentar situaciones de colapso a partir del año 2010, con las gravísimas consecuencias que ello ocasionaría”.
El CFIA reiteró la urgencia de dichas acciones, “ya que el problema ha llegado a un extremo que, de no atenderse de manera urgente e inmediata, generará grandes pérdidas económicas, sociales y humanas a toda la comunidad costarricense; y lo sucedido con la situación del Río Virilla, empezará dramáticamente a repetirse en muchas otras rutas nacionales del país”.
Más críticas
A las críticas de diversos partidos de oposición como el PAC, Frente Amplio y Alianza Patriótica, entre otros, se sumaron personalidades como el ex ministro de Transportes, Rodolfo Silva, y otros opositores a la privatización de los aeropuertos.
Recordaron que los $1100 millones que ganará la empresa que se alzó con la concesión del aeropuerto Juan Santamaría equivalen a casi cuatro veces el valor de la compra de bonos por $300 millones que hizo China.
Además, equivale al costo de 16 estadios chinos de $70 millones cada uno, o cuatro carreteras a Orotina y Caldera de $280 millones cada una; o 60 mil casas que ayudarían a resolver el grave problema de vivienda.
Coincidieron en criticar las gestiones que realizó la ministra González en buscar dinero en Europa y los Estados Unidos para financiar a la empresa concesionaria del aeropuerto, mientras dejó en el escritorio papeles con denuncias e informes sobre el colapso de los puentes como el de la tragedia de este jueves.
Asimismo, las protestas se elevan por los esfuerzos del gobierno en pagar millones de dólares a trabajadores de JAPDEVA para que avalen la privatización de los muelles, cuando ese dinero se puede utilizar en la modernización de los mismos o en la mejora de puentes a punto de colapsar y que anuncian más destrucción, pérdidas económicas y de vidas.