http://www.nacion.com
Funcionarios del Ministerio Público están allanando en estos momentos las oficinas de Autopistas del Sol, en Escazú, las oficinas del Consejo Nacional de Concesiones, en Montes de Oca, y las de las empresas supervisoras Euroestudios - IMNSA y Cacisa - Cano - Jiménez.
Se trata de seis allanamientos simultáneos, que también incluyen la oficina de la gerente de proyecto, Hadda Muñoz, en el Consejo de Concesiones y de la Constructora San José, en Alajuela.
Juan Carlos Cubillo, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Corrupción del Ministerio Público acaba de confirmar que se trata de una investigación de oficio que realiza la fiscalía desde el año pasado. Entre otras cosas, indagan si hubo pagos indebidos a funcionarios públicos o privados involucrados en el proyecto vial San José - Caldera.
Se investigan los delitos consignados en los artículos 50 y 51 de la Ley Anticorrupción y Enriquecimiento Ilícito. El primero establece que se penará con cárcel de dos a ocho años al funcionario público, el consultor o alguno de los servidores de este, contratados por la respectiva entidad pública que incurran en falsedad o en manipulación de la información acerda de la ejecución o construcción de una obra pública o sobre la existencia, cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados, o de las obras entregadas en concesión, con el propósito de dar por recibido a satisfacción el servicio o la obra.
Autopistas del Sol es el consorcio de capital español, portugués y costarricense es el responsable de administrar la carretera a Caldera desde marzo del 2006.
Por su parte, EuroEstudios - IMNSA supervisó la construcción hasta setiembre del 2009, cuando el gobierno canceló el contrato por incumplimientos. De diciembre a la fecha, la nueva supervisora es Cacisa - Cano - Jiménez.
En las últimas semanas la empresa concesionaria se ha visto involucrada en cuestionamientos y demandas. Primero la Defensoría denunció a funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Concesiones por incumplimiento de deberes y al ingeniero José Pablo Sáenz Ramírez, ingeniero de la concesionaria.
Además, trascendió un informe de Notables (nombrados por el Gobierno), que también encontró incumplimientos de exfuncionarios y funcionarios relacionados con el adecuado funcionamiento de la concesión a Caldera.
Por último, la Contraloría General de la República liberó un informe en el que señala inconsistencias en los registros por concepto de cobro de peaje. Mientras la concesionaria reporta menos cobro por concepto de vehículos pesados, la supervisión registra cifas superiores.
El fiscal Cubillo sostuvo que todos estos informes serán incorporados a la investigación de oficio del Ministerio Público.
